Cooperativas Agro-alimentarias propone a Maria Luisa Soriano apostar por la concentración de la oferta para terminar con los desequilibrios en la cadena de valor

Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, tras el encuentro mantenido ayer con las Organizaciones Profesionales Agrarias (Opas), ha vuelto a exponer a la titular de Agricultura, María Luisa Soriano, que es necesario "orientar gran parte de nuestros esfuerzos a que la PAC contemple una clara apuesta y discriminación positiva hacia la integración empresarial de las empresas cooperativas que conforman este sector, para terminar con los desequilibrios en la cadena de valor". Desequilibrios que se reflejan en datos que arrojan que la renta agraria actual de un agricultor castellano-manchego se mantiene en las mismas cifras que en 1995.

Para Cooperativas Agro-alimentarias lo fundamental es lograr el reequilibrio de la cadena agro-alimentaria para lo cual es necesario una vertebración y concentración de la oferta en base a organizaciones empresariales de los productores que comercialicen de manera conjunta las producciones de los socios, dimensionadas, fuertes y capaces de competir en el mercado.

La organización que representa el movimiento cooperativo en Castilla-La Mancha considera que es necesario encontrar ese lugar de consenso entre las Opas, cooperativas y Ejecutivo autonómico, en el que, además de rechazar la propuesta de la Comisión, se apueste por una política agraria que tenga por objetivo la mejora de la posición de los productores en el mercado, para así captar más valor añadido para sus productos.

Cooperativas Agro-alimentarias reitera que las propuestas que la Comisión Europea hizo públicas recientemente sobre la PAC son insuficientes y contradictorias, y que vienen a demostrar el carácter cortoplacista de las decisiones de la UE, que sigue sin asumir que el abastecimiento alimentario es hoy una cuestión estratégica ante el incremento de la demanda mundial.

Tanto es así, que entre los instrumentos propuestos por la Comisión destaca, como así piden las Cooperativas Agro-alimentarias de España, es el fomento de las Organizaciones de Productores, OPs, pero lo hace con unos criterios de reconocimiento laxos e insuficientes, que no mejorarán la concentración de la oferta. Es más, según el borrador de Reforma de la PAC Horizonte 2020 presentado, la Comisión da carta blanca a la proliferación de estructuras sin funciones claras y sin obligatoriedad de comercialización conjunta de las producciones de sus socios, con lo cual se fomentará la disgregación comercial, causa fundamental de los bajos precios en origen y de la falta de rentabilidad del sector productor.

Respecto a los instrumentos de regulación de mercado, Cooperativas señala que los mecanismos que mantiene la Comisión ya han demostrado que no están a la altura de la situación actual, caracterizada por la volatilidad de los precios y la globalización de los mercados. Además, las novedades que apunta la Comisión, -mutualidades y gestión de la oferta por OPs o sus asociaciones-, están poco desarrolladas, y en el caso del fondo de crisis, su aplicación requiere un procedimiento largo que le restará eficacia, por lo que también se demanda que el Gobierno regional exija medidas de regulación de mercado realmente eficaces.

También desde Cooperativas Agro-alimentarias se rechazan las medidas relativas a los pagos directos, tal y como se anuncian en la propuesta de la Comisión, porque no van a servir para fomentar una agricultura productiva orientada al mercado. La propuesta de Comisión sobre una tasa plana y un tramo ecológico introducirá ineficiencias y hará perder competitividad. Las ayudas de la PAC deben priorizar a los agricultores que apuestan por el mercado y ser un estímulo para la concentración de la oferta.

El impacto directo económico que la PAC tiene en Castilla-La Mancha es de en torno a los 1.000 millones de euros anuales, y cuenta con más de 155.000 perceptores y 5,9 millones de hectáreas en 2011.

Unánime rechazo andaluz a la propuesta de Ciolos

ROSA AGUILAR. Ministras de Agricultura: La propuesta es «cuanto menos decepcionante» y se merece «casi una enmienda a la totalidad». «No responde a lo que necesita el sector» y hay un conjunto de «líneas rojas» que son un «hachazo» para los agricultores españoles.

CLARA AGUILERA. Consejera Andaluza de Agricultura:«Es una reforma profunda con un presupuesto insuficiente», lo cual convierte en «imposible» su desarrollo. Apuesta por «aplazar» la reforma a «cuando Europa haya superado la crisis» y, mientras, «mantener la situación actual».

ROSARIO SOTO. Portavoz del PP-A: La popuesta europea «pone en riesgo miles de empleos» y demuestra que el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, «no ha hecho los deberes en Bruselas». «Otra vez sufrimos la ausencia de un líder en Andalucía».

RICARDO SERRA. Presidente de Asaja Andalucía: «Tal y como está, la propuesta resulta catastrófica para el campo español y andaluz». Por ello, insta a los parlamentarios europeos «a trabajar ahora para mejorar significativamente el documento presentado».

MIGUEL LÓPEZ. Secretario General de COAG: «La propuesta es un desastre para el sector y pone en peligro el modelo social de la agricultura, el tejido productivo y la seguridad alimentaria, además de no controlar los mercados ni la cadena agroalimentaria».

AGUSTÍN RODRÍGUEZ. SECRETARIO GENERAL DE UPA-A: «La tasa plana puede suponer el fin de la agricultura productiva». «La ausencia de mecanismos básicos de regulación de mercado dejan al campo abandonado a una mayor especulación en los mercados».

JERÓNIMO MOLINA. Presidente de Faeca: «Las medidas son insuficientes y contradictorias, y vienen a demostrar que la UE sigue sin asumir que el abastecimiento alimentario es hoy una cuestión estratégica ante el incremento de la demanda mundial».

La CE propone una PAC que haría inviable la agricultura andaluza

Crea una «tarifa plana» que reduce las ayudas europeas al olivar o el algodón

La propuesta de reglamento de la Política Agraria Común (PAC) 2014-20 que ayer presentó en Bruselas el comisario europeo del ramo, Dacian Ciolos, confirmó los peores augurios que venían advirtiendo las organizaciones agrarias desde que hace un año el político rumano asegurara que quería un reparto de ayudas más equilibrado entre los 27 países europeos y una agricultura más ecológica.

Ayer, Ciolos insistió en sus dos ideas y propuso, por un lado, un pago directo (o «tarifa plana») de base por hectárea que igualará a todos los agricultores europeos al margen de la complejidad de su cultivo —como ocurre con el olivar andaluz— y, por otro, la reserva de hasta un 30% de las ayudas totales de la PAC a fomentar buenas prácticas medioambientales.

La primera de las medidas supone un serio revés para la agricultura andaluza, que en estos momentos reciba la mayor parte de los fondos españoles de la PAC debido a unos derechos históricos que reconocen la complejidad de cultivos como el olivar, el algodón o la remolacha. En concreto, Andalucía recibe unos 1.600 millones de euros anuales (de los 7.500 millones que recibe España) que se reparten entre unos 280.000 agricultores y ganaderos de la comunidad, permitiendo así la viabilidad de la producción de numerosas zona de la región. Esos derechos reconocidos hasta la fecha permitían a Andalucía recibir una media de 350 euros por hectárea —aunque en algunas zonas supera los 500—, frente a los 246 euros de la media española y los 271 euros de media en Europa.

La nueva propuesta del comisario europeo es fijar un pago directo de base por hectárea igual para todos, por lo que pide a España y el resto de antiguos Estados miembros que ajusten progresivamente de aquí a 2019 la asignación de las ayudas directas a sus agricultores. Varios de los países con derechos históricos —como Francia y Alemania— ya mostraban ayer su rechazo a esa medida, que es defendida por los Países del Este.

«Agricultura verde»

En cuanto a la potenciación de una «agricultura verde» —destinando un 30% de las ayudas de la PAC— Ciolos explicó ayer que se trata en parte de una forma de luchar contra «las acusaciones permanentes de contaminación» que recaen sobre los agricultores europeos y aseguró que se trata de acciones «sencillas» como el barbecho ecológico, los pastos permanentes o la rotación de cultivos. Sin embargo, estas medidas preocupan también en Andalucía por el sobrecoste y la amenaza a la competitividad que implicarán.

«Agricultor de sofá»

La propuesta del comisario contiene otras novedades como la definición del «agricultor activo», con el objetivo de que dejen de percibir fondos agrícolas quienes no tienen en el sector una actividad principal y evitar así que sigan recibiendo ayudas, por ejemplo, «aeropuertos y campos de golf», porque «la PAC no tiene la vocación de pagar a agricultores de sofá». Para definir claramente la figura de «agricultor activo», Bruselas plantea que las ayudas directas «deben representar al menos un 5% de los ingresos no agrícolas del demandante».

Además, Ciolos apuesta por fijar un techo máximo al pago único para que no exceda los 300.000 euros anuales y evitar así que sean los grandes terratenientes los que más se benefician de los apoyos comunitarios. Y defiende un recorte progresivo de las ayudas por tramos de entre 150.000 y 300.000 euros, para reducirlas entre un 20 y un 70%, según el tramo.

Regulación de mercados

Otra de las decepciones para Andalucía del documento presentado ayer en Bruselas es la falta de medidas que permitan una cierta regulación de los mercados y la defensa de los agricultores frente a la gran distribución. Esa petición, que compartían la Junta y las organizaciones agrarias, con el objetivo de evitar situaciones como la de los actuales precios del aceite de oliva, ha sido obviada. No obstante, Ciolos pide que se cree «una reserva de crisis de 3.500 millones de euros» para hacer frente a posibles crisis alimentarias, como la vivida recientemente en Europa por la llamada «crisis de los pepinos» causada por la intoxicación con la bacteria «e.coli». La reforma también contempla una «cláusula de perturbación excepcional» que permita mayor agilidad a la Comisión a la hora de tomar medidas de urgencia con las que frenar eventuales crisis.

La propuesta de Ciolos fue acogida con el rechazo del presidente de las organizaciones agrarias (COPA), Gerd Sonnleitner, que dijo que, de salir adelante, entre 6 y 7 millones de hectáreas podrían ser retiradas de la producción en un contexto en el que aumenta la demanda alimentaria global. En Andalucía, la propuesta provocó un rechazo unánime y la preocupación sobre la viabilidad de la agricultura regional a partir de 2014

La eurocámara puede pararlo

La principal novedad «formal» de la PAC 2014-20 es que deberá ser aprobada por los 27 países de la UE, la Comisión y, por primera vez, el Parlamento Europeo. Ayer mismo, el comisario Dacian Ciolos compareció ante la comisión agrícola del Parlamento Europeo para explicarles su propuesta. Entre los asistentes se econtraba el presidente de Asaja Andalucía, Ricardo Serra, quien mostró su satisfacción por la «frialdad con la que los europarlamentarios recibieron» la propuesta de Ciolos. De hecho, el ponente para la PAC de esta comisión, el socialista portugués Luis Manuel Capoulas Santos, mostró ayer sus dudas de que la propuesta cumpla los objetivos de garantizar la seguridad alimentaria y la renta justa para los productores. La reforma que plantea el Ejecutivo comunitario será negociada hasta final de 2012 año entre los gobiernos de los 27, la Eurocámara y Bruselas.

Asaja cree que la reforma de la PAC «estrangula» al agricultor

La nueva PAC «pone en serio peligro la viabilidad de muchas explotaciones, precisamente las más eficientes»

abc / sevilla

Día 13/10/2011 - 17.58h

La organización agraria Asaja ha mostrado este jueves su oposición a la propuesta de reforma de la Política Agraria Común (PAC) presentada este miércoles por el comisario de Agricultura de la Comisión Europea, Dacian Ciolos, al considerar que ésta "estrangula al profesional agrario cargándole de burocracia, incrementando sus costes, exigiéndole prácticas que no deben cumplir sus competidores internacionales, limitándole su capacidad productiva y reduciendo sus ingresos agrarios y, por tanto, sus rentas". En un comunicado, Asaja ha explicado que esta reforma supone "un claro retroceso en la búsqueda de explotaciones viables, competitivas y orientadas al mercado", y "confirma los malos presagios" respecto a esta reforma.

Según esta organización agraria, España, que es el segundo perceptor de fondos agrarios de la UE, perderá anualmente más de 600 millones de euros "sólo en términos de pagos directos". Además, Asaja también rechaza la 'tasa plana' propuesta en la reforma de la PAC porque "pone en serio peligro la viabilidad de muchas explotaciones, precisamente las más eficientes, con altos rendimientos, pero también con importantes costes productivos". Del mismo modo, este mecanismo de 'tasa plana' forzaría "con toda probabilidad", según Asaja, "la necesidad de recurrir al Pago Acoplado Voluntario para intentar dar una respuesta a aquellas producciones de mayor coste, o con especial interés".

De esta manera, dicha organización agraria resalta que el porcentaje destinado a este efectos, "del cinco por ciento ampliable al diez por ciento, es claramente insuficiente, lo que obligará a solicitar su incremento, obviamente en perjuicio del resto de partidas presupuestarias". Esta situación, igualmente, se verá "agravada", a juicio de Asaja, "de prosperar las propuestas que dejan abierta la determinación del número de hectáreas elegibles para la percepción de dichos pagos". Así, España, "que actualmente tiene un número de hectáreas con derechos asignados por poco más de 15 millones, podría ver incrementada sustancialmente su superficie, lo que provocaría una reducción del valor unitario de los pagos básicos", según esta organización.

Las medidas medioambientales «no tienen sentido»

Asaja cree también que "no tiene ningún sentido subordinar una parte fundamental de los pagos directos al cumplimiento de condiciones adicionales a favor del clima y del medioambiente", porque el agricultor y ganadero europeo es "el profesional agrario que más controles y requisitos en materia medioambiental y de bienestar animal debe superar de todo el planeta".

En este sentido, esta organización agraria ha resaltado que "el cumplimiento de estos requisitos solo puede contemplarse en el ámbito de medidas voluntarias y debidamente compensadas, nunca como medida obligatoria y punitiva". Por otra parte, Asaja cree que "la fijación de una reducción progresiva de los pagos a partir de los 150.000 euros, y su limitación total a partir de 300.000 euros de percepción de ayudas" obedece "más a criterios meramente políticos que a razonamientos económicos".

Alerta de riesgo de «situaciones injustas»

En vez de eso, la citada organización defiende "que sean beneficiarios de los pagos aquellos que realizan una labor productiva en las tierras, independientemente de su tamaño", así como advierte de que la vinculación de "pagos directos y renta total puede dar lugar a situaciones injustas". Además, Asaja cree que "las dos crisis alimentarias mundiales" y la alarma creada por la aparición de la bacteria 'E.coli' en Alemania, demuestran "la necesidad de tener a disposición de los agricultores y ganaderos mecanismos rápidos y eficaces de gestión de la oferta y de regulación de los mercados, ya que las materias primas alimentarias no se pueden dejar a merced de los vaivenes de los mercados".

Esta idea les lleva también a oponerse "a las intenciones de la Comisión, en contra de la voluntad de los principales países productores, de poner fin a la limitación de los derechos de producción de vino, del régimen de cupos de producción de remolacha azucarera o del sistema de cuotas lácteas". Por todo ello, y a pesar de que aprecia "buena disposición" en la reforma en lo referente a propuestas de "apoyo a los jóvenes agricultores y a la innovación aplicada a la agricultura a través de la transferencia de conocimientos", Asaja califica de "muy negativa" la propuesta para "los intereses agrarios europeos, y especialmente españoles".

COAG ve en la reforma de la PAC una «seria amenaza» para el empleo

La organización agraria y ganadera y pide proteger la «agricultura productiva»

abc / sevilla

Día 13/10/2011 - 17.58h

La organización agraria COAG-A ha mostrado este jueves su "rechazo frontal" a la propuesta de reforma de la Política Agraria Común (PAC) presentada este miércoles en Bruselas por el comisario de Agricultura de la Comisión Europea, Dacian Ciolos, al considerar que supone una "seria amenaza" para el empleo agrario andaluz, ya que las ayudas "no priman la orientación productiva de las tierras, sino su simple posesión en condiciones para producir". Frente a ello, esta organización agraria apuesta por "proteger la agricultura y la ganadería que produce alimentos, genera empleo y fija la población al territorio".

Según ha explicado COAG-A en un comunicado, esta reforma supondría que la superficie "elegible" existente en Andalucía se incrementaría de tres a seis millones de hectáreas, "incorporando superficie en la que nunca se ha producido y sin que haya intención de hacerlo". Además, esta organización agraria ha afirmado que la propuesta de reforma "amenaza directamente al regadío", que genera cerca de 200.000 empleos directos en Andalucía.

Igualmente, COAG-A ha lamentado que se plantee un "trasvase de fondos" entre el presupuesto destinado a desarrollo rural, que se ha visto incrementado, y el orientado a "proteger otras zonas vulnerables o de montaña" y a "las ayudas directas a los productores", lo que supone, según esta organización agraria, que el presupuesto de estas partidas esté "más en el aire", ya que, "al tratarse de medidas cofinanciadas, su realización dependerá de la disponibilidad económica de los Estados miembros y las comunidades autónomas". De este modo, Andalucía, "al dejar de ser zona desfavorecida, tendría que incrementar su porcentaje de participación", ha señalado COAG-A antes de precisar que "si el Estado o la comunidad no ponen el dinero, el fondo europeo se pierde".

El «componente verde»

Además, COAG-A también se ha mostrado crítico con el 'componente verde' propuesto en la reforma, al considerar que "las reglas medioambientales y las normas de producción ya están establecidas por la UE, el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, y la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, y el que no las cumple es sancionado". De esta manera, según el secretario de Organización de COAG-A, Eduardo López, "este verdeo es un adorno para engañar a la opinión pública, muy sensibilizada con la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente". Por eso, dicha organización apuesta por "unas reglas del juego que garanticen la sostenibilidad pero basadas en la producción".

"No puede haber producción sostenible sin hombres y mujeres en el campo", ha recalcado López, quien, por tanto, ha precisado que "para que en las zonas rurales se cuide el medio ambiente tiene que haber población en ellas y la gente no vive del aire, sino de su trabajo y de precios razonables por sus productos". De esta manera, COAG-A se ha mostrado partidaria de una PAC que provoque que "el número de activos crezca, así como haya más agricultores y ganaderos produciendo y generando empleo en el medio rural", algo que, a juicio de esta organización agraria, no logra la propuesta dada a conocer este miércoles, que ha tachado de "envenenada", ya que "defiende el interés de las multinacionales, incitando al desmantelamiento de los sectores productivos y aumentando la dependencia de las importaciones".

Se trata, así, de un enfoque que "daña especialmente a una comunidad como Andalucía, que lleva 20 años trabajando para modernizarse, para innovar e incorporar mejora genética y de variedades", y que perjudicaría "especialmente" a "los sectores ganaderos que tienen poca o nula base territorial, ya que muchos profesionales tienen derechos especiales que se perderían con una ayuda vinculada a la hectárea".

Otra definición de «agricultor activo»

Además, COAG-A, que comparte la idea de que "las ayudas deben ir orientadas al activo agrario", no comparte el criterio establecido para determinar a ese agricultor activo, que sería "aquel que recibe al menos un cinco por ciento de su renta de la actividad agraria". En vez de eso, dicha organización agraria opina que "agricultor activo es aquel cuyos ingresos proceden, al menos en un 25 por ciento, de la actividad agraria, y el que está de alta en la seguridad social agraria".

A todo ello, López ha destacado que la PAC es "especialmente perjudicial" para Andalucía porque "olvida los mecanismos de gestión de los mercados, en los que esta comunidad se juega el 80 por ciento de los más de 10.000 millones de euros que genera la actividad agraria", según el secretario de Organización de COAG-A, quien se ha mostrado convencido de que "un mercado desregulado es pasto para la especulación y para que las multinacionales se ceben con productores y consumidores".

Por último, esta organización agraria, que ha apuesta por armar una PAC "sana, sencilla y honesta con la ciudadanía", ha pedido el "rechazo" a dicha propuesta, "algo que se puede conseguir si España logra formar una minoría de bloqueo junto con otros países que tampoco aceptan este planteamiento".

Para ello, COAG-A ha reclamado la "implicación de todo el Gobierno, con el presidente a la cabeza", así como ha solicitado a los grupos políticos, "sobre todo a los que tienen más peso en el Parlamento Europeo", que "rechacen el documento".

Puntos principales de la propuesta de reforma de la PAC: Pagos directos y medidas de mercado

La Comisión Europea presentó ayer las propuestas de cuatro reglamentos básicos para el futuro de la PAC:i) los pagos directos, ii) la Organización Común de Mercado (OCM), iii) Desarrollo Rural y, iv) un reglamento horizontal para la financiación, gestión y seguimiento de la PAC. Además, hay tres reglamentos menores para hacer frente a los acuerdos de transición a la nueva normativa.

Los principales elementos de las propuestas en relación con pagos directos y mecanismos de gestión de mercado son:

PAGOS DIRECTOS

El régimen de pago básico: El nuevo "régimen de pago básico", que se aplicaría a partir de 2013, estaría sujeta a la "condicionalidad" (respeto a ciertas medidas de medio ambiente, bienestar de los animales …) como en la actualidad, aunque hay varias simplificaciones. El objetivo de este nuevo régimen es reducir significativamente las diferencias entre los niveles de los pagos entre los EEMM, por lo que éstos tendrían la obligación de avanzar hacia un pago uniforme por hectárea a nivel nacional o regional al inicio de 2019.

Las dotaciones nacionales para pagos directos se ajustarían de manera que aquellos que reciben menos del 90% del pago medio por hectárea en la UE, recibirían más: la diferencia entre las cantidades actualmente previstas y el 90% de la media de la UE-27 se reduciría en un tercio. Por ejemplo, si un Estado miembro recibe una cantidad media por hectárea, que es del 75% de la media de la UE, es decir, un 15% por debajo del 90%, esta diferencia se reduciría en un tercio (a un 10%) por lo que cantidad percibida se aumentaría al 80% de la media de la UE.
La Comisión se compromete a discutir el objetivo a largo plazo, de "una completa convergencia " en las próximas perspectivas financieras para después de 2020.
 

Enverdecimiento: Además de la retribución básica, cada productor recibiría un pago por hectárea por el respeto de ciertas prácticas agrarias beneficiosas para el clima y el medio ambiente. Los Estados miembros utilizarían el 30% del sobre nacional para este fin, de manera obligatoria.

Las tres medidas previstas son las siguientes:

- el mantenimiento de pastos permanentes, y

- diversificación de los cultivos (un agricultor debe cultivar al menos 3 cultivos, el más implantado no debe superar el 70% de su superficie y el menos implantado debe ocupar, al menos, el 5% de la superficie cultivable), y

- el mantenimiento de un "área de interés ecológico" de al menos 7% de las tierras agrícolas (excluyendo praderas permanentes), por ejemplo, los márgenes de las parcelas, etos, árboles, tierras en barbecho, franjas de protección, área forestal.

Los productores ecológicos no tienen requisitos adicionales.


Zonas con limitaciones naturales: los Estados miembros (o regiones) podrían conceder un pago adicional para las zonas con limitaciones naturales (definidas en las normas de Desarrollo Rural), de hasta un 5% del sobre la nacional. Sería opcional y no afectaría a las opciones para zonas desfavorecidas de los fondos de desarrollo rural. Nota: En respuesta a las críticas por el Tribunal de Cuentas, la definición de "zonas desfavorecidas" ha sido ajustada para reflejar criterios objetivos.
 

Jóvenes Agricultores: El pago básico a nuevos agricultores jóvenes (los menores de 40 años) debería completarse con un 25% adicional durante los primeros 5 años de la instalación. Se limitaría como máximo al tamaño medio de la explotación por Estado miembro. Para los Estados miembros donde el tamaño fuera pequeño, el límite sería de 25 ha. Este pago adicional ser financiaría con un máximo del 2% del sobre nacional.
 

Pequeños agricultores: Los agricultores podría decidir, antes del 15 de octubre de 2014, participar en el Programa de Pequeños Agricultores y así recibir un pago anual fijado por el Estado miembro de entre 500 € y 1.000 €, independientemente del tamaño de la granja. La cifra estaría vinculada con el pago medio por beneficiario, o el pago nacional medio por hectárea de 3 ha.

Se trataría de un sistema más simple, con menos requisitos de condicionalidad y estarían exentos del enverdecimiento. La evaluación de impacto realizada muestra que aproximadamente un tercio de las explotaciones que solicitan la PAC tiene una superficie de 3 hectáreas o menos, si bien estas solicitudes representan sólo el 3% de la superficie total agrícola de la UE-27. El coste total del sistema de pequeños agricultores no podría superar el 10% del sobre nacional, por lo que el nivel de ayuda se ajustaría en consecuencia si es necesario.
 

Opción "acoplada": Los Estados miembros podrían conceder pagos acoplados a determinados productos. Podrían destinar hasta un 5% del sobre nacional si el Estado miembro actualmente proporciona un 0-5% ayuda acoplada o hasta un 10% si el nivel actual de las ayudas acopladas es superior al 5%. La Comisión podría aprobar unos porcentajes más altos si los Estados miembros pudieran justificarlo.

La transferencia de fondos entre los dos pilares : los Estados miembros tendrían la posibilidad de transferir hasta un 10% de su sobre nacional para pagos directos (1er pilar) al 2º pilar (desarrollo rural).
 

Condicionalidad: La adjudicación de todos los pagos directos seguiría vinculada al respeto de una serie de requisitos básicos de bienestar animal medio ambiente, y sanidad vegetal y animal. Sin embargo, con el fin de simplificar, el número de normas legales de gestión (RLG) se reduciría de 18 a 13 y de las normas sobre buenas condiciones agrarias y medioambientales (BCAM) se reduciría de 15 a 8.

También se propone que la Directiva Marco del Agua y la Directiva del uso sostenible de plaguicidas serían incorporadas a las normas de condicionalidad, una vez que se hubiera demostrado que se han aplicado correctamente en todos los Estados miembros y las obligaciones de los agricultores estuvieran claramente identificadas.


Límites a las ayudas: A partir de los 150.000 € de ayuda por explotación se introducirían recortes progresivos: del 20% para la franja entre 150.000 y 200.000 €, del 40% para la parte entre 200.00 y 250.000 €, del 70% para el intervalo 250.000-300.000 € y el 100% para las cantidades por encima de 300.000 €, es decir, ninguna explotación podría recibir ayudas por encima de 300.000 €.

Sin embargo, a fin de tener en cuenta el empleo, las explotaciones podrían deducir los costes de los salarios en el año anterior (incluyendo impuestos y cotizaciones sociales) antes de aplicar estas reducciones.

Los fondos "ahorrados" mediante la aplicación del mecanismo de recortes progresivos quedarían en el Estado miembro en cuestión y se transferirían a la dotación de Desarrollo Rural, para su uso en innovación.
 

Agricultor activo: Solo recibirían los pagos, aquellos solicitantes cuyos pagos directos de la PAC sean al menos, el 5% de los ingresos totales de todas las actividades no agrícolas, o que su superficie agraria sean principalmente áreas naturales mantenidas en un estado adecuado para el pastoreo o el cultivo, realizando la actividad mínima requerida, según lo definido por los Estados miembros. Habría una derogación para los agricultores que recibieron menos de 5 000 euros en pagos directos el año anterior.
 

Hectáreas admisibles: La normativa prevé establecer 2014 como año de referencia para la nueva superficie, pero habría un vínculo con los beneficiarios del sistema de pagos directos en 2011 con el fin de evitar la especulación.
 

MECANISMOS DE GESTIÓN DEL MERCADO

- Se mantendrían los sistemas existentes de intervención pública y ayuda al almacenamiento privado pero se revisarían para hacerlos más ágiles y eficientes.

- Se introduciría una nueva cláusula de salvaguardia en todos los sectores para que la Comisión pudiera adoptar medidas de urgencia para responder a las perturbaciones generales del mercado. Estas medidas se financiarían con fondos de Reserva de Crisis descrito en el Marco Financiero Plurianual.

- Como las cuotas lácteas y los derechos de plantación de viñedo van a expirar, la Comisión propone acabar también con el régimen de cuotas de azúcar. El sistema de cuotas de azúcar debería expirar el 30 de septiembre de 2015. Según la Comisión, eliminar las cuotas de azúcar es la única opción para proporcionar al sector una perspectiva a largo plazo (especialmente en el contexto de las mejoras de productividad que se espera), dado que las cuotas limitan las exportaciones comunitarias ante la OMC mientras que al mismo tiempo, la mayoría de los países en desarrollo gozan de un ilimitado acceso al mercado comunitario con importaciones libres de aranceles:

Para el período posterior a las cuotas, el azúcar blanco sería elegible para la ayuda al almacenamiento privado y se establecerían acuerdos entre las fábricas de azúcar y los cultivadores.

- Se prorrogarían los planes de consumo en las escuelas de frutas y de leche.

- Los textos de los reglamentos también reflejarían las propuestas existentes desde diciembre de 2010 sobre los productos lácteos (contratos obligatorio por escrito y refuerzo del poder de negociación en la cadena alimentaria) y las normas de calidad en la comercialización, incluyendo el concepto de "lugar de producción" .

- Se ampliarían las normas para el reconocimiento de las organizaciones de productores (OP) y las organizaciones interprofesionales a todos los sectores.

- Se han suprimido las ayudas para la incorporación de leche en polvo en la alimentación animal y la ayuda vinculada a los gusanos de seda.

 

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/index_en.htm

Más información sobre pac

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MILES DE AGRICULTORES ANDALUCES SE QUEDARÁN SIN COBRAR EL ANTICIPO DE LA PAC

Publicado el lunes, 26 septiembre 2011

MILES DE AGRICULTORES ANDALUCES SE QUEDARÁN SIN COBRAR EL ANTICIPO DE LA PAC

COAG Andalucía exige a la Consejería que dé curso a los pagos, sin menoscabo de la posterior acreditación del nuevo requisito establecido.

Sevilla, 26 de septiembre de 2011. La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG Andalucía advierte de que una negligencia administrativa puede tener consecuencias nefastas para miles de agricultores andaluces. Se trata de un requisito añadido sin comunicación previa, cuya respuesta está provocando la paralización de miles de expedientes y, en consecuencia, impedirá que los productores puedan cobrar el anticipo de las ayudas PAC concedido por Bruselas (una decisión que responde precisamente a la crítica situación que atraviesa el sector). 
 Según ha podido saber COAG, la dirección general de Fondos Agrarios de la Consejería de Agricultura disponía desde el pasado mes de abril de una circular interna en la que se especificaba que todos aquellos que activen ayudas PAC en terrenos compartidos deben demostrar su derecho sobre esas tierras, aportando el correspondiente contrato de arrendamiento o un documento similar.
 Hasta ahora, no se exigía acreditar esta circunstancia con documentación alguna, y de hecho este requisito no aparece publicado ni en el BOE ni el BOJA en los que se recogen las condiciones y plazos para los anticipos de las ayudas. Cuando la nueva instrucción llegó a la Consejería, en el mes de abril, debió trasladarse inmediatamente a las entidades colaboradoras, para que los agricultores pudieran presentar la documentación necesaria y sus expedientes no se vieran paralizados. En cuanto se ha conocido el nuevo requisito, los productores han procedido a presentar los contratos requeridos, pero ya la administración no podrá validar las incidencias antes del próximo 15 de octubre, fecha límite para tramitar el anticipo. 
 Esta organización agraria recuerda que la cantidad anticipada asciende al 50% del importe total de la ayuda y que este apoyo se hace especialmente necesario en coyunturas como la actual, con una crisis generalizada de precios en origen que tiene al sector en situación extremadamente delicada.
 COAG Andalucía considera que es injusto que esta negligencia de la administración la terminen pagando los agricultores. Por ello, reclama a la Consejería que no paralice los pagos, sino que les dé curso normalmente, sin menoscabo de que los productores sigan presentando la documentación necesaria.

Un pepino p´atos ello@s

Les importamos un pepino

Las organizaciones agrarias están alarmadas. Al igual que ha pasado con el almacenamiento privado de aceite, el verdadero problema de la crisis del pepino es que no somos nadie en la Unión Europea

josé luis losa

Día 05/06/2011 - 08.39h

Los agricultores de Almería no salen de su asombro. Llevan años denunciando que ellos cumplen unos altos estándares de calidad que sin embargo la UE no exige a los tomate o pepinos que llegan desde terceros países, especialmente Marruecos, a los mercados franceses o alemanes y que compiten directamente con los andaluces. Los horticultores españoles han reclamado en multitud de ocasiones que se le exija a los productos africanos las mismas pautas sanitarias, medioambientales o laborales que las explotaciones nacionales cumplen escrupulosamente. Bruselas hace caso omiso de la petición española porque quiere ayudar al «amigo marroquí» y porque el producto sale más barato. Y cuando se produce un caso como el actual, las autoridades alemanas, con el silencio de las europeas, no dudan en señalar sin pruebas (y erróneamente) precisamente a España pero ni se les ocurre replantearse los peligros de esa otra competencia del sur incontrolada. Las organizaciones agrarias están alarmadas porque, al margen del daño económico y de imagen producidos, la «crisis del pepino» ha vuelto a poner sobre la mesa la falta de peso de los responsables españoles en Bruselas. También ha ocurrido con el almacenamiento privado de aceite, una medida que sólo supone unos 13 millones de euros para las arcas comunitarias y que sigue sin aprobarse, mientras que un problema similar de los alemanes con el cerdo y que cuesta 60 millones se ha activado en tres días.

A la espera de la PAC

El gran temor de las organizaciones agrarias es la negociación de la Política Agraria Común, que se quiere cerrar este año y que marcará el futuro de la agricultura andaluza, ya que están en juego los 1.600 millones de euros anuales que reciben 180.000 agricultores y ganaderos andaluces. «Tenemos a los representantes con menos peso en Europa en el momento más crítico», aseguran. Y es que el equipo de la ministra de [Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, la andaluza Rosa Aguilar, no ha dado

Nota de ASAJA

 

A Griñán no le importa la cuantía de los fondos que reciben los agricultores de la PAC siempre y cuando sea él quien los maneje

La visita del Presidente de la Junta de Andalucía a Bruselas ha defraudado profundamente a los agricultores y ganaderos andaluces y ha puesto de manifiesto cuál era el interés real que tenía el presidente andaluz, José Antonio Griñán, en la agricultura y en los fondos de la PAC. El discurso de Griñán ha carecido de concreción en todos los puntos de debate de interés para Andalucía salvo en uno, en el de la subsidiariedad, el único punto por el que ha peleado con fuerza el presidente Griñán pese a ser precisamente el único en el que no cuenta con el consenso del campo andaluz, que ve en la subsidiariedad el peligro de politización de los fondos de la PAC.

Al apostar por la subsidiariedad Griñán pone en riesgo el carácter común de la PAC y abre la puerta a la renacionalización de esta política, que permitiría que estados o regiones con mayor renta puedan ofrecer mayores ayudas a sus agricultores que otros con rentas y presupuestos menores, cargándose así el carácter común de la PAC y la unidad de mercado.

La subsidiariedad máxima que defiende la Junta de Andalucía permite que sean los Gobiernos regionales, a su arbitrio, los que decidan el destino que se le da al dinero de las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC), por lo que la defensa de la subsidiariedad supone una ruptura del modelo actual, en el que el dinero de las ayudas directas de la PAC llegan de Bruselas directamente al bolsillo de cada uno de los agricultores. Este modelo, que ha funcionado razonablemente bien desde el inicio de la PAC en los años 50, que está sustentado precisamente en el carácter común de la PAC y que es el que ha puesto a Andalucía a la cabeza de España en producción agraria y exportaciones agroalimentarias es el que ahora quiere cargarse Griñán para utilizar los fondos a su antojo.

El presidente de ASAJA-Andalucía, Ricardo Serra, rechaza de plano esta máxima subsidiariedad de cuyos efectos devastadores ya hemos tenido una sobrada muestra en el manejo de los fondos de Desarrollo Rural, dineros agrarios, pues proceden del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER), que, en virtud de la subsidiariedad, han acabado manejando los alcaldes de los municipios rurales andaluces para pagar tanatorios, bandas de música o corregir sus propios déficit presupuestarios, destinos que están muy alejados del objetivo final de los fondos y con los que no se genera empleo ni tejido productivo, tal como ha denunciado al propio Comisario Ciolos el secretario general de ASAJA-Sevilla, Miguel Afán de Ribera, en su calidad de vicepresidente del Grupo Consultivo de Desarrollo Rural de la UE.

La visita ha supuesto por tanto una decepción en toda regla, pues el presidente Griñán se ha dejado en Andalucía los documentos en los que veníamos trabajando las OPAs para ofrecer razones y argumentos que permitan que los agricultores y ganaderos andaluces mantengan su nivel de fondos, y no ha hablado de instrumentos de recuperación de renta, del establecimiento de criterios de diferenciación de las ayudas directas, que generan más del 40% de la renta de los agricultores andaluces, o del rechazo a la implantación de un modelo por tramos para centrarse casi exclusivamente en la demanda de subsidiariedad, y de manera más genérica en la demanda de instrumentos de regulación de mercado, un asunto sin duda muy necesario, pero que no es del interés exclusivo de Andalucía por lo que en este asunto trabajan ya el Gobierno de España y el resto de Gobiernos europeos.

Por otra parte, además de la mayor politización de los fondos, la subsidiariedad regional comporta el peligro de vaciar aún más de contenido y de presupuesto al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, que quedaría sin capacidad ejecutiva y casi sin competencias y permitiría el desarrollo de 17 políticas agrarias regionales, con lo que acabaríamos también dinamitando el carácter común del mercado agrario en España.

Tras esta visita las cartas han quedado boca arriba, por lo que desde ASAJA vamos a trasladar toda la información a los agricultores y ganaderos andaluces y visto el escaso interés que muestra el Ejecutivo de Griñán en la defensa de los agricultores y ganaderos andaluces, a los que sólo busca para meterles una vez más la mano en la cartera, es muy probable que, hartos de incumplimientos, nos veamos obligados a retomar las movilizaciones.