Los agricultores de Almería no salen de su asombro. Llevan años denunciando que ellos cumplen unos altos estándares de calidad que sin embargo la UE no exige a los tomate o pepinos que llegan desde terceros países, especialmente Marruecos, a los mercados franceses o alemanes y que compiten directamente con los andaluces. Los horticultores españoles han reclamado en multitud de ocasiones que se le exija a los productos africanos las mismas pautas sanitarias, medioambientales o laborales que las explotaciones nacionales cumplen escrupulosamente. Bruselas hace caso omiso de la petición española porque quiere ayudar al «amigo marroquí» y porque el producto sale más barato. Y cuando se produce un caso como el actual, las autoridades alemanas, con el silencio de las europeas, no dudan en señalar sin pruebas (y erróneamente) precisamente a España pero ni se les ocurre replantearse los peligros de esa otra competencia del sur incontrolada. Las organizaciones agrarias están alarmadas porque, al margen del daño económico y de imagen producidos, la «crisis del pepino» ha vuelto a poner sobre la mesa la falta de peso de los responsables españoles en Bruselas. También ha ocurrido con el almacenamiento privado de aceite, una medida que sólo supone unos 13 millones de euros para las arcas comunitarias y que sigue sin aprobarse, mientras que un problema similar de los alemanes con el cerdo y que cuesta 60 millones se ha activado en tres días.
A la espera de la PAC
El gran temor de las organizaciones agrarias es la negociación de la Política Agraria Común, que se quiere cerrar este año y que marcará el futuro de la agricultura andaluza, ya que están en juego los 1.600 millones de euros anuales que reciben 180.000 agricultores y ganaderos andaluces. «Tenemos a los representantes con menos peso en Europa en el momento más crítico», aseguran. Y es que el equipo de la ministra de [Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, la andaluza Rosa Aguilar, no ha dado
