COAG recuerda a la nueva ministra que los olivareros no podrán soportar un tercer año de pérdidas

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG Andalucía solicita a la nueva ministra de Medio rural, Rosa Aguilar, que asuma como prioridad solicitar a Bruselas la activación del mecanismo del almacenamiento privado por la vía de la perturbación de mercado y la actualización de los umbrales de su desencadenamiento automático, que están totalmente obsoletos, y deben establecerse teniendo en cuenta los costes de producción.

Según ha explicado el responsable regional del sector del aceite de oliva de COAG Andalucía, Paco Garrido, "el sector ya no puede perder más dinero. Muchos olivareros están resistiendo gracias al pago único, pero esta situación no puede prolongarse". Las pérdidas de la campaña pasada ascienden a 660 millones de euros (de ellos, 311 corresponden a Jaén; 167 a Córdoba y 62 a Granada), con lo que, a falta de unos días para que concluya la campaña de comercialización, se alcanzarán los 700 millones previstos por COAG.

Por eso, tal y como ha explicado Rafael Civantos, miembro de la Ejecutiva de COAG Andalucía, "pedimos a la nueva ministra que se ponga manos a la obra para cambiar esta tendencia. No podemos hacerla responsable de la nefasta gestión de su antecesora, por eso le vamos a dar un margen de confianza para que pueda empezar a actuar, pero si en dos o tres semanas como mucho no vemos algún resultado, nos veremos obligados a poner en marcha las movilizaciones que ya anunciamos, y bloquearemos el inicio de la campaña. De todas formas, confiamos en que Rosa Aguilar, que viene de una tierra donde el olivar tiene tanta importancia, sea sensible a nuestra situación y nos ayude a cambiar el rumbo".

Rafael Civantos ha recordado que el año pasado, a pesar de que el almacenamiento privado se activó tan tarde (en el mes de julio), sólo el anuncio de su puesta en marcha ya provocó una subida del 26% del precio (pasando de los 1,61 €/Kg. a los 2,03 €/kg. Luego, llegó hasta 2,43 €/kg). Por eso, la ministra debe pelear para que este año se active antes, y si no se alcanzan los umbrales que provocan el desencadenamiento automático (1.779 €/tonelada de aceite de oliva virgen extra y 1.710 €/tonelada para el aceite virgen), que se active por la vía de la grave perturbación del mercado, tal y como el año pasado se hizo en Italia, Francia y Portugal.

Además, Rosa Aguilar debe pelear para que se actualicen los umbrales establecidos para el desencadenamiento automático de este mecanismo, ya que dichos umbrales se fijaron en el año 1997 y están totalmente obsoletos. De hecho, según el Estudio de la Cadena de Valor del MARM, el coste de producción de un kilo de aceite se sitúa en 2,49 euros.

En cuanto a las perspectivas para la próxima campaña, que arrancará a mediados del mes de noviembre y de manera generalizada en diciembre, los aforos permiten esperar una producción menor que en años anteriores (1.020.000 tn. En Andalucía, es decir, un 12% menos que en la campaña 2009/2010). Si, además, se ponen en marcha medidas como la de desviar el aceite de peor calidad para biocombustible, el stock de enlace se vería reducido a unas 100.000 toneladas, una medida que también podría contribuir a mejorar el precio que reciben los olivareros.

Por otra parte, Rafael Civantos ha reclamado a las administraciones que se endurezca y se aplique con celo la normativa para perseguir los fraudes en el aceite de oliva. "El Ministerio debe intensificar las inspecciones, y realizarlas no sólo en las almazaras, sino también en los lineales de los supermercados", ha dicho.

En relación a la situación de SOS Cuétara, Rafael Civantos ha declarado que COAG como organización agraria vería con buenos ojos la entrada en el accionariado de la empresa de las grandes cooperativas del sector, si bien su trabajo es mantenerse al margen de las operaciones y dejar trabajar a las empresas, aunque solicitando a la Junta y a las Cajas que aporten los apoyos necesarios para que esta operación pueda realizarse.

 

COAG-Jaén critica el precio ruinoso del aceite cuando "se confirma que la producción no será elevada"

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Jaén considera que el aforo avanzado ayer por la Consejería de Agricultura para la campaña 2010/2011 puede considerarse como válido, ya que "se espera menos producción que la temporada anterior", ha indicado el secretario general de COAG-Jaén, Rafael Civantos. Según los datos de Agricultura, se recogerán 515.000 toneladas en Jaén, un 9,3 por ciento menos que la campaña anterior; mientras que en el ámbito nacional la producción será de 1.022.000 toneladas, con una bajada del 12,5 por ciento.

"Si tenemos en cuenta la producción que habrá y el aceite de enlace, lo que está claro es que el producto será insuficiente para cubrir la demanda nacional e internacional", añade Civantos. Por ello, insiste en que "no comprendemos por qué cuando se comprueba que no sobrará aceite, los precios siguen estando por los suelos". "En un mercado normalizado y ante una menor oferta, lo habitual sería el alza del precio, algo que no se está produciendo". Civantos achaca esta situación a la especulación de las grandes distribuidoras, que "están siendo las verdaderas causantes de la ruina de los olivareros".

Éste es el motivo de que exija un mayor control sobre estas prácticas especulativas, de manera que "se pague por el producto lo que realmente vale", concluye Rafael Civantos.

 

La Ley del olivar no pasa el filtro del Consejo Consultivo, que pone en cuestión la necesidad de la propia ley y rechaza la mitad del articulado

Tal como ha venido sosteniendo ASAJA desde que analizara el primer borrador, el Anteproyecto de Ley del Olivar es un "bla, bla, bla," innecesario (porque nadie la había reclamado), inútil (porque no aporta nada nuevo), vacío (porque todo lo deja a la redacción posterior de un Plan Director) y carente de sentido, por cuanto estos ejercicios de estilo legislativo tan sólo contribuyen a "marear la perdiz" y provocar que la Administración y los agentes sociales perdamos el tiempo y dilatemos las soluciones a los problemas reales que afectan al olivar andaluz y a los agricultores y los municipios que dependen de este cultivo, que atraviesa una grave crisis cuyas soluciones no van a venir de la mano de este vacuo anteproyecto de Ley.

El quinto borrador del Anteproyecto de Ley del Olivar no ha pasado el filtro del Consejo Consultivo de Andalucía, que pone en cuestión la necesidad de la propia Ley, rechaza la redacción de 15 de los 39 artículos e incluso la propia Exposición de Motivos.

Según recoge textualmente el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía aprobado por unanimidad y al que ha tenido acceso ASAJA-Sevilla, el Anteproyecto "carece de la eficacia ordenadora propia de una disposición legal", tiene un "importante nivel de indeterminación", "contiene preceptos vacíos de contenido", "más que mandatos precisos y eficaces, contiene enunciados programáticos y carentes de la debida concreción", está "falto de directrices y pautas de actuación que orienten eficazmente la acción del ejecutivo" (justamente aquello para lo que se aprueba una Ley), lo que "contribuye meramente a una inflación normativa".

En definitiva, se trata de un varapalo en toda regla a un texto que ya había cosechado el rechazo de ASAJA y de los agentes económicos en todos los foros previos y en el Comité Económico y Social de Andalucía, y que el Gobierno, a la vista de los resultados, debería retirar para sustituirlo por un Plan Director, una norma de carácter reglamentario que puede dictarse de forma directa y que utilizando los mecanismos regulatorios en vigor emprenda el proceso de restructuración de aquellos olivares que lo precisen, sin la pérdida de tiempo y esfuerzo que está suponiendo un proceso legislativo cuestionado desde todos los ámbitos.

El Consejo Consultivo es muy duro con el Anteproyecto y con su propia tramitación, pues critica incluso que en la documentación que la Consejería de Agricultura entrega al Consejo Consultivo se le haya hurtado la posibilidad de estudiar las conclusiones de los seminarios de expertos en los que la Consejería dice basarse para iniciar este procedimiento legislativo.

Tampoco se salva la Exposición de Motivos, que el Consejo califica de "excesivamente extensa y más propia de una memoria justificativa que de una exposición de motivos", y el dictamen aconseja que "debería simplificarse, pues perjudica la genuina función que está llamada a cumplir, esto es, describir el objeto y finalidad de la norma", algo que como hemos denunciado reiteradamente desde ASAJA-Sevilla es difícil de lograr, pues ni los propios redactores tienen claro cuál es el objeto y la finalidad del Anteproyecto, más allá del de contar con una Ley que lleve el nombre de un sector clave en la economía andaluza como es el del olivar.

Así, el Consejo Consultivo insta a reflexionar sobre el contenido de los preceptos apuntados y subraya especialmente la necesidad de corregir 15 de los 39 artículos del Anteproyecto: por razones de seguridad jurídica (art. 24), por objeciones a la técnica legislativa (art. 10 y art. 13), por su indefinición y la utilización errónea de diversos conceptos (art.1, art. 2, art. 4, art. 5, art.6, art. 8, art. 9, art. 21, art. 22, art. 34 y art. 39).

Pero es que no se libra ni la ortografía, pues el dictamen recoge específicamente que es necesario revisar el Anteproyecto también desde el punto de vista ortográfico, pues abundan los errores y la confusión en el empleo de letras mayúsculas y minúsculas.

En conclusión, se trata de un serio correctivo para un Ejecutivo que, al más puro estilo del despotismo ilustrado, pretende sacar adelante una Ley que nadie ha pedido, que nadie necesita y que hasta ahora sólo ha cosechado rechazos.

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