La Ley del olivar no pasa el filtro del Consejo Consultivo, que pone en cuestión la necesidad de la propia ley y rechaza la mitad del articulado

Tal como ha venido sosteniendo ASAJA desde que analizara el primer borrador, el Anteproyecto de Ley del Olivar es un "bla, bla, bla," innecesario (porque nadie la había reclamado), inútil (porque no aporta nada nuevo), vacío (porque todo lo deja a la redacción posterior de un Plan Director) y carente de sentido, por cuanto estos ejercicios de estilo legislativo tan sólo contribuyen a "marear la perdiz" y provocar que la Administración y los agentes sociales perdamos el tiempo y dilatemos las soluciones a los problemas reales que afectan al olivar andaluz y a los agricultores y los municipios que dependen de este cultivo, que atraviesa una grave crisis cuyas soluciones no van a venir de la mano de este vacuo anteproyecto de Ley.

El quinto borrador del Anteproyecto de Ley del Olivar no ha pasado el filtro del Consejo Consultivo de Andalucía, que pone en cuestión la necesidad de la propia Ley, rechaza la redacción de 15 de los 39 artículos e incluso la propia Exposición de Motivos.

Según recoge textualmente el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía aprobado por unanimidad y al que ha tenido acceso ASAJA-Sevilla, el Anteproyecto "carece de la eficacia ordenadora propia de una disposición legal", tiene un "importante nivel de indeterminación", "contiene preceptos vacíos de contenido", "más que mandatos precisos y eficaces, contiene enunciados programáticos y carentes de la debida concreción", está "falto de directrices y pautas de actuación que orienten eficazmente la acción del ejecutivo" (justamente aquello para lo que se aprueba una Ley), lo que "contribuye meramente a una inflación normativa".

En definitiva, se trata de un varapalo en toda regla a un texto que ya había cosechado el rechazo de ASAJA y de los agentes económicos en todos los foros previos y en el Comité Económico y Social de Andalucía, y que el Gobierno, a la vista de los resultados, debería retirar para sustituirlo por un Plan Director, una norma de carácter reglamentario que puede dictarse de forma directa y que utilizando los mecanismos regulatorios en vigor emprenda el proceso de restructuración de aquellos olivares que lo precisen, sin la pérdida de tiempo y esfuerzo que está suponiendo un proceso legislativo cuestionado desde todos los ámbitos.

El Consejo Consultivo es muy duro con el Anteproyecto y con su propia tramitación, pues critica incluso que en la documentación que la Consejería de Agricultura entrega al Consejo Consultivo se le haya hurtado la posibilidad de estudiar las conclusiones de los seminarios de expertos en los que la Consejería dice basarse para iniciar este procedimiento legislativo.

Tampoco se salva la Exposición de Motivos, que el Consejo califica de "excesivamente extensa y más propia de una memoria justificativa que de una exposición de motivos", y el dictamen aconseja que "debería simplificarse, pues perjudica la genuina función que está llamada a cumplir, esto es, describir el objeto y finalidad de la norma", algo que como hemos denunciado reiteradamente desde ASAJA-Sevilla es difícil de lograr, pues ni los propios redactores tienen claro cuál es el objeto y la finalidad del Anteproyecto, más allá del de contar con una Ley que lleve el nombre de un sector clave en la economía andaluza como es el del olivar.

Así, el Consejo Consultivo insta a reflexionar sobre el contenido de los preceptos apuntados y subraya especialmente la necesidad de corregir 15 de los 39 artículos del Anteproyecto: por razones de seguridad jurídica (art. 24), por objeciones a la técnica legislativa (art. 10 y art. 13), por su indefinición y la utilización errónea de diversos conceptos (art.1, art. 2, art. 4, art. 5, art.6, art. 8, art. 9, art. 21, art. 22, art. 34 y art. 39).

Pero es que no se libra ni la ortografía, pues el dictamen recoge específicamente que es necesario revisar el Anteproyecto también desde el punto de vista ortográfico, pues abundan los errores y la confusión en el empleo de letras mayúsculas y minúsculas.

En conclusión, se trata de un serio correctivo para un Ejecutivo que, al más puro estilo del despotismo ilustrado, pretende sacar adelante una Ley que nadie ha pedido, que nadie necesita y que hasta ahora sólo ha cosechado rechazos.