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El proyecto de Ley del Olivar es innecesario, vacío de contenido y no ofrece respuestas a los olivareros, según ASAJA Andalucía

Pese al amplio rechazo cosechado tanto en su tramitación como en su presentación en el Parlamento, donde tanto el PP como IU presentaron enmiendas a la totalidad, respaldando así la opinión de la mayor parte de los olivareros andaluces y de ASAJA-Andalucía, que ha vuelto a manifestar hoy en el Parlamento que "el proyecto de Ley del Olivar debe sufrir un cambio radical si efectivamente se pretende que tenga alguna utilidad para poner remedio a la grave crisis que padecen los olivareros andaluces, que llevan tres años percibiendo por su aceite y su aceituna unos precios que están muy por debajo del umbral de rentabilidad, sin que la consejería de Agricultura haya puesto en marcha una sola medida que ayude a paliar esta situación, y sin que por desgracia haya dado cabida en el Proyecto de Ley a aquellas medidas que podrían contribuir a resolver la crisis de rentabilidad que padece el sector más emblemático de la agricultura andaluza".

El texto que la consejera de Agricultura, Clara Aguilera, presentó el pasado 2 de marzo en el Parlamento es el proyecto más polémico y que más rechazos ha cosechado de cuantos ha promovido su Consejería en esta legislatura. El texto que aprobó el pasado 30 de noviembre el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha recibido el rechazo a la totalidad de IU y del PP, el voto en contra de los agentes económicos en el Comité Económico y Social de Andalucía, un tremendo varapalo tras su paso por el Consejo Consultivo de Andalucía, que rechazo la redacción de 15 de los 39 artículos y señaló que muchos de sus preceptos estaban "vacíos de contenido", y ha recibido un amplio rechazo entre los propios olivareros que demandan una Ley de carácter empresarial y no medioambiental, una Ley dotada de presupuesto y con capacidad para desarrollar la labor de reestructuración y modernización que el cultivo demanda.

Tal como el director general de ASAJA-Andalucía, Vicente Pérez, y el responsable del Grupo de Trabajo de Olivar de ASAJA-Andalucía, Luís Carlos Valero, pusieron ayer de manifiesto ante la Comisión de Agricultura del Parlamento, "el objetivo de la Ley debe ser el de mejorar la rentabilidad del cultivo, y con las acciones propuestas la Ley va camino de conseguir el objetivo contrario". Por ello, si el Proyecto no cambia radicalmente en su tramitación parlamentaria, cosechará el rechazo del sector olivarero, que lleva cinco años acumulando pérdidas y se encuentra en una situación límite. Los olivareros han cerrado el ejercicio de 2010 con una pérdida de renta de un 5,7%, un empobrecimiento que se suma al que ya se produjo en el año anterior, en el que la renta de los oleicultores se redujo un 15,2% frente a 2008.

Así, los olivareros continúan esperando el apoyo para emprender el necesario plan de modernización y reestructuración, la necesaria presión política para conseguir que Bruselas autorice el almacenamiento privado de aceite de oliva, el plan de apoyo al sector de la aceituna de mesa, los cambios en la legislación que eviten el abuso de la posición dominante de la industria alimentaria y del oligopolio de la gran distribución. Ninguna de estas medidas se ha puesto en marcha y el sector sobrevive gracias a las ayudas de la PAC, que generan más del 40% de la renta de los olivareros y son las que hasta ahora han permitido que continúen con su actividad, pero que en este momento penden de un hilo y pueden verse drásticamente recortadas si en la reforma de la PAC se establece una "tasa plana", por lo que es necesario que el Ejecutivo andaluz escuche a sus agricultores y haga valer las características propias de su agricultura ante el Gobierno de España y ante la CE.

Por otra parte, el proyecto de Ley no cuenta con un presupuesto específico, por lo que entre sus posibles vías de financiación plantea la posibilidad de emplear los fondos que reciben los propios olivareros de la PAC, provocando un trasvase entre las distintas comarcas olivareras, un trasvase que desde ASAJA no vamos a consentir, puesto que la solución no está en desvestir un santo para vestir a otro, la Ley debe ofrecer soluciones a los problemas de todo el sector en todas las comarcas, de lo contrario, estaríamos ante un texto con un carácter sectario y capaz de provocar más perjuicios que beneficios para uno de los principales motores de la economía rural andaluza.

En conclusión, se trata de un proyecto de Ley elaborado al más puro estilo del "despotismo ilustrado", pues nadie lo ha pedido, nadie lo necesita, con nadie se ha consensuado y hasta ahora sólo ha cosechado rechazos, por ello, el director general de ASAJA-Andalucía, Vicente Pérez, ha reiterado hoy que si el texto no sufre un cambio radical en su tramitación en el Parlamento, pedirá al Defensor del Pueblo y a los grupos parlamentarios que presenten un recurso ante el Tribunal Constitucional.