Noticia de La Razón
SEVILLA- Antonio Ávila, actual consejero de Economía, Innovación y Ciencia, conoció a través del ex director general de Empleo, Francisco Javier Guerrero, los convenios que éste gestionaba y las ayudas entregadas con cargo a la partida 31L. Lo hizo en su condición de vocal del IFA, el ente que dependía de la Consejería de Empleo y que era el que abonaba el dinero a los beneficiarios. El número de personas que dentro de la Junta de Andalucía tuvieron constancia de que la partida presupuestaria para ayudas sociolaborales se repartía de manera opaca, sin publicidad y libre concurrencia aumenta.
El PP-A mostró ayer una nueva acta del IFA, de 24 de noviembre de 2003, en la que bajo la presidencia de Antonio Fernández –por la ausencia de José Antonio Viera– y con la asistencia de Francisco Javier Guerreo y Antonio Ávila, entre otros, se aprobaron varios convenios para pagar ayudas de la partida que el ex director general denominó ante la Policía como un «fondo de reptiles». En concreto, se reflejan las ayudas al Ayuntamiento de Los Palacios –que recibió 750.000 euros para un centro ecuestre que nunca se hizo– o una subvención para la Sociedad Cooperativa San Sebastián del Guadalcanal. En el texto se cita expresamente que «se distribuye en este acto copia del citado convenio» e incluso se aclara que «a propuesta del sr. Ávila Cano, se redactará un Addendum a dicho convenio en cuya virtud se suprimirá la expresión 'incondicionada' de la estipulación primera del mismo». Otra muestra más de que los acuerdos no eran exclusiva del ex director general de Empleo, imputado en la causa y al que desde la Junta se señala como máximo responsable, sino que la concesión arbitraria de ayudas estaba respaldada por más personas.
Ávila era secretario general de Economía de la Consejería de Economía y Hacienda desde 2002. Con la llegada de Griñán a la Consejería en 2004, siguió en su puesto hasta 2009, momento en el que el actual presidente andaluz lo nombró consejero de Presidencia para pasar más tarde a la cartera de Economía.
Para el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, los documentos muestran que Ávila tuvo «conocimiento y participación» en las decisiones sobre el dinero destinado a financiar ERE y ayudas a empresas en crisis y que investiga el juzgado de Instrucción 6 de Sevilla.
«No solo estaba en el consejo rector, sino que participaba activamente en las decisiones de la partida presupuestaria 31L», denunció Sanz. En la sesión del Pleno del Parlamento de hoy, el PP exigirá explicaciones.
La Junta entrega las actas y la juez toma declaración hoy a tres intrusos
Tras levantar el martes la reserva sobre las actas de los Consejos de Gobierno, la Junta de Andalucía entregó ayer las 480 actas que demandaba la juez Mercedes Alaya. Medio año después de que lo pidiera la magistrada, las actas ya están en los juzgados de Sevilla. A primera hora, la instructora envío un escrito solicitando los documentos a los que tiene acceso en virtud de la decisión del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción del Supremo. El Ejecutivo se las trasladó horas después. Los documentos llegaron en cuatro bolsas con el logotipo de la Junta y, tras la entrega, el letrado del Gobierno autonómico se entrevistó con Alaya.
Por su parte, hoy declaran otros tres beneficiarios de las prejubilaciones supuestamente falsas, una declaración que estaba prevista inicialmente para el día 19. La juez tomará declaración a Rafael Rodríguez, Francisco de Paula Hernández Diánez, y Antonio González Pérez, que fueron incluidas en el ERE de Saldauto.
El PP-A mostró ayer una nueva acta del IFA, de 24 de noviembre de 2003, en la que bajo la presidencia de Antonio Fernández –por la ausencia de José Antonio Viera– y con la asistencia de Francisco Javier Guerreo y Antonio Ávila, entre otros, se aprobaron varios convenios para pagar ayudas de la partida que el ex director general denominó ante la Policía como un «fondo de reptiles». En concreto, se reflejan las ayudas al Ayuntamiento de Los Palacios –que recibió 750.000 euros para un centro ecuestre que nunca se hizo– o una subvención para la Sociedad Cooperativa San Sebastián del Guadalcanal. En el texto se cita expresamente que «se distribuye en este acto copia del citado convenio» e incluso se aclara que «a propuesta del sr. Ávila Cano, se redactará un Addendum a dicho convenio en cuya virtud se suprimirá la expresión 'incondicionada' de la estipulación primera del mismo». Otra muestra más de que los acuerdos no eran exclusiva del ex director general de Empleo, imputado en la causa y al que desde la Junta se señala como máximo responsable, sino que la concesión arbitraria de ayudas estaba respaldada por más personas.
Ávila era secretario general de Economía de la Consejería de Economía y Hacienda desde 2002. Con la llegada de Griñán a la Consejería en 2004, siguió en su puesto hasta 2009, momento en el que el actual presidente andaluz lo nombró consejero de Presidencia para pasar más tarde a la cartera de Economía.
Para el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, los documentos muestran que Ávila tuvo «conocimiento y participación» en las decisiones sobre el dinero destinado a financiar ERE y ayudas a empresas en crisis y que investiga el juzgado de Instrucción 6 de Sevilla.
«No solo estaba en el consejo rector, sino que participaba activamente en las decisiones de la partida presupuestaria 31L», denunció Sanz. En la sesión del Pleno del Parlamento de hoy, el PP exigirá explicaciones.
La Junta entrega las actas y la juez toma declaración hoy a tres intrusos
Tras levantar el martes la reserva sobre las actas de los Consejos de Gobierno, la Junta de Andalucía entregó ayer las 480 actas que demandaba la juez Mercedes Alaya. Medio año después de que lo pidiera la magistrada, las actas ya están en los juzgados de Sevilla. A primera hora, la instructora envío un escrito solicitando los documentos a los que tiene acceso en virtud de la decisión del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción del Supremo. El Ejecutivo se las trasladó horas después. Los documentos llegaron en cuatro bolsas con el logotipo de la Junta y, tras la entrega, el letrado del Gobierno autonómico se entrevistó con Alaya.
Por su parte, hoy declaran otros tres beneficiarios de las prejubilaciones supuestamente falsas, una declaración que estaba prevista inicialmente para el día 19. La juez tomará declaración a Rafael Rodríguez, Francisco de Paula Hernández Diánez, y Antonio González Pérez, que fueron incluidas en el ERE de Saldauto.
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