22/2/2010

Nota de ASAJA Granada

ASAJA GRANADA pide una reforma esencial de Ley del Olivar

La Junta de Andalucía prevé que el anteproyecto de la Ley del Olivar se apruebe en esta segunda quincena de febrero, que el proyecto salga en torno a junio para someterse a debate parlamentario en septiembre y octubre y que la norma entre en vigor a finales de este año o principios de 2011. Los plazos ahora parece que se acortan y surgen los debates propiciatorios como el que se celebra hoy viernes 19 de febrero la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE: "La Ley del Olivar en Andalucía, otra oportunidad al desarrollo sostenible". Pero ha pasado más de un año desde que la Consejería de Agricultura presentara al sector el documento previo hasta que se conocieron los contenidos del texto normativo -a finales de noviembre de 2009- y ese largo tiempo transcurrido no ha sido la única decepción del sector mientras el olivar atraviesa su peor momento por la bajada de los precios y la pérdida de rentabilidad de las explotaciones.

Todas las expectativas creadas sobre "crear un tejido industrial fuerte" y "una mayor integración empresarial" se han venido abajo. La Administración autonómica tendrá que responder por qué el texto normativo no aporta ninguno de los factores de modernización que necesita el olivar andaluz, que son dinero y agua. De hecho no habla en ningún momento de olivar competitivo, ni explica cómo se va a fomentar la agrupación empresarial (necesaria en un sector atomizado, con un 80% de las explotaciones de menos de cinco hectáreas ocupando el 30% de la superficie de olivar). Asimismo, cuando hace referencia al agua, los derechos de agua o el regadío lo hace sin coordinación con la Ley de Aguas, y carece, por lo demás, de un presupuesto propio ya que propone únicamente una redistribución de las ayudas de la Unión Europea que resultará inviable, porque la Junta no tiene la capacidad para modificarlas.

ASAJA GRANADA, a instancias de los servicios jurídicos de la organización agraria a nivel regional, deja patente su desacuerdo con la Ley del Olivar (más proteccionista que de fomento), y pide una reforma esencial de la misma, de tal manera que se subsanen todas sus carencias y ofrezca los instrumentos de viabilidad necesarios para un olivar efectivamente rentable