Nota de ASAJA Andalucía

 

El proyecto de Ley del olivar es innecesario, vacio de contenido y ha obviado las mejoras propuestas por el sector olivarero

Pese al amplio rechazo cosechado en su tramitación, el Proyecto de Ley del Olivar inicia ahora la fase parlamentaria, una fase en la que el texto debería sufrir un cambio radical si efectivamente se pretende que tenga alguna utilidad para poner remedio a la grave crisis que padecen los olivareros andaluces, que llevan tres años percibiendo por su aceite y su aceituna unos precios que están muy por debajo del umbral de rentabilidad, sin que la consejería de Agricultura de Andalucía haya puesto en marcha una sola medida que ayude a paliar esta situación, y sin que por desgracia esta misma consejería haya dado cabida en el Proyecto de Ley a aquellas medidas que podrían contribuir a resolver la crisis de rentabilidad que padece el sector más emblemático de la agricultura andaluza.

La consejera andaluza de Agricultura, Clara Aguilera, presentará esta misma tarde en el Parlamento de Andalucía el proyecto más polémico y que más rechazos ha cosechado de cuantos ha promovido su Consejería en la actual legislatura. El texto que aprobó el pasado 30 de noviembre el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y que hoy será presentado en el Parlamento no ha incorporado prácticamente ninguna de las alegaciones de calado formuladas por ASAJA, la principal asociación agraria de Andalucía, ha recibido el voto en contra de los agentes económicos en el Comité Económico y Social de Andalucía, sufrió un tremendo varapalo tras su paso por el Consejo Consultivo de Andalucía, que rechazo la redacción de 15 de los 39 artículos y señaló que muchos de sus preceptos estaban "vacíos de contenido".

Con estas premisas está claro que si el Proyecto no cambia radicalmente en su tramitación parlamentaria, cosechará el rechazo de gran parte del sector olivarero, aquel al que se supone que va destinada la Ley.

Parece que con la aprobación de una Ley en cuyo epígrafe figure la palabra "olivar" el Ejecutivo de Griñán y en especial su consejera de Agricultura, Clara Aguilera, pretenden justificar la pésima gestión que han desarrollado a lo largo de la legislatura sobre todo lo relacionado con este sector, que lleva cinco años acumulando pérdidas y se encuentra en una situación límite. Los olivareros han cerrado el ejercicio de 2010 con una pérdida de renta de un 5,7%, un empobrecimiento que se suma al que ya se produjo en el año anterior, en el que la renta de los oleicultores se redujo un 15,2% frente a 2008.

Sin embargo, ninguna de las soluciones propuestas por el sector se ha puesto en marcha y muchas ni tan siquiera figuran en el proyecto de Ley del Olivar. Así, los olivareros continúan esperando el apoyo para emprender el necesario plan de modernización y reestructuración, la necesaria presión política para conseguir que Bruselas autorice el almacenamiento privado del aceite de oliva ante las graves perturbaciones del mercado, el plan de apoyo al sector de la aceituna de mesa, los cambios en la legislación que eviten el abuso de la posición dominante de la industria alimentaria y del oligopolio de la gran distribución. Ninguna de estas medidas se ha puesto en marcha y el sector sobrevive gracias a las ayudas de la PAC, que generan más del 40% de la renta de los olivareros y son las que hasta ahora han permitido que continúen con su actividad, pero que en este momento penden de un hilo y pueden verse drásticamente recortadas si en la reforma de la PAC se establece una "tasa plana", por lo que es necesario que el Ejecutivo andaluz se tome realmente en serio este asunto, escuche a sus agricultores y haga valer las características propias de su agricultura ante el Gobierno de España y ante la propia Comisión Europea.

Por otra parte, el proyecto de Ley del Olivar no cuenta con un presupuesto específico, por lo que entre sus posibles vías de financiación plantea la posibilidad de emplear los fondos que reciben los propios olivareros de la PAC, provocando un trasvase entre las distintas comarcas olivareras, un trasvase que desde ASAJA no vamos a consentir, puesto que la solución no está en desvestir un santo para vestir a otro, la Ley debe ofrecer soluciones a los problemas de todo el sector en todas las comarcas, de lo contrario, estaríamos ante un texto con un carácter marcadamente sectario y capaz de provocar más perjuicios que beneficios para uno de los principales motores de la economía rural andaluza.

En conclusión, se trata de un proyecto de Ley elaborado al más puro estilo del "despotismo ilustrado", pues nadie lo ha pedido, nadie lo necesita, con nadie se ha consensuado y hasta ahora sólo ha cosechado rechazos, por ello, el presidente de ASAJA-Andalucía, Ricardo Serra, ha reiterado hoy que si el texto no sufre un cambio radical en su tramitación en el Parlamento, pedirá al Defensor del Pueblo y a los grupos parlamentarios que presenten un recurso ante el Tribunal Constitucional.